En esta cuarta presentación ante el grupo de trabajo, el país exhibió logros en materia legislativa, igualdad de género, justicia social, protección a grupos vulnerables, acceso a la educación y la salud, y reformas institucionales.
El representante permanente de República Dominicana ante la ONU en Ginebra, embajador Virgilio Alcántara, destacó la promulgación de la Ley 1-21 en el país, la cual prohíbe el matrimonio infantil y refuerza la protección de la infancia. Al mismo tiempo, presentó ejemplos del incremento de la participación de mujeres en cargos de decisión a nivel ejecutivo y en órganos constitucionales, medias que se sumó a la sentencia TC/0620/23, que garantiza la cuota de género en candidaturas electorales.
El diplomático citó, como muestra del compromiso del Estado dominicano con la promoción y protección de los derechos humanos, la Instrucción General No.0002 de la Procuraduría General de la República, que instruye a priorizar las investigaciones de casos que involucren personas en condición de vulnerabilidad; el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Ministerio de la Mujer, que busca disminuir la violencia de género; y el Plan Estratégico para la Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de Salud Pública.
El Informe Nacional subraya la ampliación del Seguro Nacional de Salud a más de 2,700,000 personas, así como la inauguración de hospitales y centros de atención primaria que garantizan el derecho a la salud. Al mismo tiempo, exhibe la inauguración de 121 nuevos planteles escolares, el otorgamiento de incentivos económicos y la implementación del transporte estudiantil gratuito, que hacen tangible el derecho a la educación.
El informe también menciona la lucha contra la corrupción que puso en marcha el Gobierno del presidente Luis Abinader; la reforma policial; la protección de los derechos de personas con discapacidad; la creación de empleos; los aumentos salariales otorgados; los planes para acceder a viviendas dignas; y la actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos (2018-2024), estableciendo el nexo entre los derechos humanos, la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Finalmente, el Estado aseguró ante los 47 Estados miembros del Consejo, el interés de seguir reforzando su marco jurídico y el compromiso con los principios universales de dignidad, igualdad y justicia para todos los seres humanos, así como afianzar los objetivos del país como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
La delegación dominicana en esta presentación estuvo integrada además por Neyra Paulino, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Jessica Croce, del Ministerio de la Mujer; Wilsy López y Luz Fermín, del Servicio Nacional de Salud; Manuel Alejandro Ruiz, de la Junta Central Electoral; Alfonsina González, ministra consejera Encargada Derechos Humanos;y Francisco Javier Díaz, encargado de los Derechos Económicos Sociales y Culturales del MIREX.
República Dominicana presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su informe nacional de las ejecutorias en materia de derechos humanos, en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que se llevó a cabo en Ginebra, Confederación Suiza.
En esta cuarta presentación ante el grupo de trabajo, el país exhibió logros en materia legislativa, igualdad de género, justicia social, protección a grupos vulnerables, acceso a la educación y la salud, y reformas institucionales.
El representante permanente de República Dominicana ante la ONU en Ginebra, embajador Virgilio Alcántara, destacó la promulgación de la Ley 1-21 en el país, la cual prohíbe el matrimonio infantil y refuerza la protección de la infancia. Al mismo tiempo, presentó ejemplos del incremento de la participación de mujeres en cargos de decisión a nivel ejecutivo y en órganos constitucionales, medias que se sumó a la sentencia TC/0620/23, que garantiza la cuota de género en candidaturas electorales.
El diplomático citó, como muestra del compromiso del Estado dominicano con la promoción y protección de los derechos humanos, la Instrucción General No.0002 de la Procuraduría General de la República, que instruye a priorizar las investigaciones de casos que involucren personas en condición de vulnerabilidad; el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Ministerio de la Mujer, que busca disminuir la violencia de género; y el Plan Estratégico para la Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de Salud Pública.
El Informe Nacional subraya la ampliación del Seguro Nacional de Salud a más de 2,700,000 personas, así como la inauguración de hospitales y centros de atención primaria que garantizan el derecho a la salud. Al mismo tiempo, exhibe la inauguración de 121 nuevos planteles escolares, el otorgamiento de incentivos económicos y la implementación del transporte estudiantil gratuito, que hacen tangible el derecho a la educación.
El informe también menciona la lucha contra la corrupción que puso en marcha el Gobierno del presidente Luis Abinader; la reforma policial; la protección de los derechos de personas con discapacidad; la creación de empleos; los aumentos salariales otorgados; los planes para acceder a viviendas dignas; y la actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos (2018-2024), estableciendo el nexo entre los derechos humanos, la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Finalmente, el Estado aseguró ante los 47 Estados miembros del Consejo, el interés de seguir reforzando su marco jurídico y el compromiso con los principios universales de dignidad, igualdad y justicia para todos los seres humanos, así como afianzar los objetivos del país como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
La delegación dominicana en esta presentación estuvo integrada además por Neyra Paulino, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Jessica Croce, del Ministerio de la Mujer; Wilsy López y Luz Fermín, del Servicio Nacional de Salud; Manuel Alejandro Ruiz, de la Junta Central Electoral; Alfonsina González, ministra consejera Encargada Derechos Humanos;y Francisco Javier Díaz, encargado de los Derechos Económicos Sociales y Culturales del MIREX.